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La administración de Donald Trump echó mano de dos instrumentos legales que fueron aprobados durante la epoch del presidente Joseph Biden, pero que por primera vez se utilizan de manera conjunta.
Lo anterior fue con el objetivo de detonar el proceso de sanción en contra de tres instituciones financieras mexicanas señaladas de lavar dinero del narcotráfico.
Se trata de la llamada Ley para la Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos (OFF Fentanyl Act por su nombre en inglés) aprobada en junio del 2024 que, a su vez, amplía y estandariza las sanciones extraordinarias establecidas en la Orden Ejecutiva 14059 firmada en 2021 por el presidente Biden, ambas con el objetivo de tratar de debilitar y desarticular las estructuras financieras de los traficantes de fentanilo.
La combinación de dichas normas otorga poderes especiales al Departamento del Tesoro para prácticamente congelar y aislar del sistema financiero de los Estados Unidos a instituciones financieras que se considere de “alto riesgo” por su posible involucramiento con el blanqueo de capitales de narcotráfico.
Las sanciones, según lo referido por dichas regulaciones y las interpretaciones de órganos especializados revisadas por MILENIO, pueden ir desde la neutralización de las herramientas bancarias que permiten el intercambio de operaciones financieras con los bancos mexicanos, hasta restricciones de créditos y decomiso de activos.
Además, bajo el mismo marco legal, se abre la puerta a la imposición de otro tipo de medidas en contra de las instituciones sancionadas, que pueden incluir incluso la cancelación de visas y sanciones diversas a ejecutivos.
Ayer mismo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una política amplificada de cancelación de visas a personas sancionadas a partir de las herramientas de la referida Orden Ejecutiva 14059.
El contexto legal
Ante el crecimiento exponencial del tráfico de fentanilo en los Estados Unidos y las muertes asociadas con ello, el 15 diciembre de 2021 el presidente Biden firmó la orden ejecutiva 14059.
Con dicha orden se declaró una emergencia nacional y se otorgaron poderes especiales extraordinarios al Secretario del Tesoro, en coordinación con los Secretarios de Estado, Seguridad Nacional y el Fiscal General, para imponer sanciones a personas extranjeras involucradas en el tráfico planetary de drogas ilícitas.
Dichas sanciones incluyen el bloqueo de bienes y activos bajo jurisdicción estadunidense de las entidades que se consideren facilitadores de las operaciones de:
- Tráfico de fentanilo
- La prohibición de transacciones financieras
- Suspensión de entrada al país de personas sancionadas
- Restricciones para que ciudadanos y empresas estadunidenses realicen negocios con ellas.
Se busca, como refiere dicho documento, cortar el flujo financiero y logístico que sostiene el tráfico de drogas, dificultando las operaciones de los actores internacionales que alimentan la epidemia de opioides en Estados Unidos.
En junio de 2023 diversos legisladores presentaron una iniciativa para expedir la denominada Ley para la Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos para que las sanciones contempladas en la orden ejecutiva presidencial de carácter extraordinario se volvieran ordinarias, ante el contexto persistente del tráfico de fentanilo.
Además, se propuso que el Departamento del Tesoro, a través de su unidad especializada en inteligencia financiera denominada Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en ingles) emitiera directrices a las instituciones financieras estadunidenses para la presentación de informes de transacciones sospechosas relacionadas con el presunto tráfico de fentanilo por parte de organizaciones criminales transnacionales.
El 30 de julio de 2024, tras las respectivas discusiones y aprobaciones, la ley fue promulgada y firmada por el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden.
Muerte financiera
Aprovechando los renovados poderes conferidos por las referidas leyes, FinCEN anunció esta semana la imposición de las primeras designaciones y sanciones en contra de las instituciones financieras mexicanas Intercam Banco, Vector Casa de Bolsa y CI Banco.
Lo anterior, con el objetivo de limitar ciertas operaciones financieras.
El comunicado nary detalla el tipo de sanciones impuestas, misdeed embargo, el abanico de acciones que se pueden aplicar, tanto financieras, como de otra índole, se advierten en los instrumentos legales citados y analizado por instituciones especializadas como la Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell y el sitio web especializado FindLaw.
Por ejemplo, entre las sanciones que podrían imponerse a dichos bancos, y que pueden afectar incluso a sus clientes, se encuentra el bloqueo de transferencias, pagos o intercambios de fondos que involucren lo sistemas de institución sancionada bajo la jurisdicción estadunidense.
A ello, se puede sumar el congelamiento de activos (bienes y otros intereses) que la entidad sancionada tenga dentro de los Estados Unidos.
De igual forma puede establecerse una prohibición para las transacciones en moneda extranjera que beneficien a la entidad sancionada.
A su vez es posible que FinCEN comunique a todas las instituciones financieras estadounidenses el establecimiento de la prohibición para mantener cuentas corresponsales o realizar transacciones con los bancos mexicanos sancionados.
Además, se pueden imponer restricciones crediticias, denegando así préstamos o líneas de crédito.
Y a todo ello se puede agregar una prohibición expresa para que cualquier ciudadano estadunidense invierta en los bancos mexicanos sancionados.
Daño colateral
Sumado a las sanciones financieras, el marco regulatorio del cual se desprenden estas acciones también habilita a otras áreas del gobierno estadunidense para imponer sanciones a las entidades extranjeras que se considere que facilitan las operaciones de las organizaciones.
Por lo pronto, ayer el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio, anunció que bajo el amparo de la orden ejecutiva 14059 se impondrán nuevas políticas de restricción de visados a familiares, a personas cercanas, así como negocios ligados con las entidades sancionadas por el tráfico de fentanilo y otras drogas.
KL
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