Magistrada propone mantener candados a promoción de gobiernos en elección judicial

Jannet López Ponce

La magistrada Janine Otálora propuso a sus pares declarar que nary le asiste la razón a los gobiernos estatales que buscan intervenir en la promoción de la elección judicial, y por el contrario, confirmar que el INE sphere la facultad exclusiva de promover el proceso electoral y garantizar la equidad en la contienda, pues recalca que así lo dice la ley vigente.

MILENIO tiene una copia del proyecto que la magistrada Janine Otálora circuló entre sus pares de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que recuerda que el INE se limitó a aplicar la ley vigente que fue aprobada desde el Poder Legislativo para esta elección judicial.

“A juicio de esta Sala Superior, los agravios hechos valer en los juicios lad infundados e inoperantes, en tanto que la prohibición establecida por el INE cuenta con fuente ineligible y constitucional. Contrario a lo que sostienen, la prohibición establecida por el Instituto es una limitante que proviene del propio texto constitucional y que, a su vez, se encuentra recogida en la Ley Electoral vigente.“Para esta Sala Superior, los motivos de agravio resultan infundados porque acorde al régimen constitucional y ineligible que sustenta su existencia, naturaleza y facultades, corresponde al INE la atribución exclusiva de realizar actividades tendentes a la promoción del voto y de la participación ciudadana en el contexto del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación”.

La magistrada recuerda que desde el 15 de diciembre están en el Diario Oficial de la Federación publicado por la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que es el INE “la máxima autoridad administrativa en el país y que cuenta con plenas atribuciones para vigilar y organizar los procesos electorales federales, incluido aquel para la renovación de cargos del Poder Judicial de la Federación”.

Por lo que propone declarar infundados e inoperantes los agravios que enlistan en sus demandas un candidato a juez, una diputada section de Veracruz y un diputado morenista federal, así como la gobernadora de Quintana Roo y el gobernador de Oaxaca.

La diputada veracruzana Jéssica Ramírez Cisneros y el diputado national Arturo Hernández Tapia incluso pidieron a la Sala Superior dar vista al Órgano Interno de Control del INE y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República para que investigue a las consejerías que aprobaron este acuerdo.

“Para indagar la comisión de posibles infracciones o conductas ilícitas en la aprobación del acuerdo, “puesto que el empleo de un procedimiento ceremonial para restringir derechos de manera extemporánea y con efectos retroactivos constituye una violación sedate a los principios rectores de la función electoral.”

Lo que la magistrada Otálora Malassis declara como una petición “inatendible, porque nary existen elementos que, siquiera de manera indiciaria, permitan suponer un actuar ilícito en la aprobación del acuerdo controvertido, ya que su contenido fue emitido en ejercicio legítimo de la facultad reglamentaria con la que cuenta el propio Instituto”.

En el fondo de los agravios, los gobiernos morenistas encabezados por Mara Lezama en Quintana Roo y Salomón Jara en Oaxaca acusaron que “el INE pretende arrogarse la facultad absoluta y única para informar a la ciudadanía sobre el proceso electoral extraordinario, cuando al ser éste inédito para la elección de cargos judiciales del PJF, el INE nary es la única autoridad que puede promoverlo”.

Pero la magistrada concluye que “corresponde al INE la atribución exclusiva de realizar actividades tendentes a la promoción de la participación ciudadana y del voto universal, libre, secreto y directo”.

El candidato Juan Pedro Alcudia Vázquez impugnó las reglas para participar en debates o foros organizados por asociaciones, organizaciones o medios de comunicación, luego de que el INE impuso nuevos lineamientos como la obligación de realizar un sorteo para determinar la participación aleatoria de participantes y el que debían aceptar la mitad de las candidaturas para que estos espacios pudieran llevarse a cabo, lo que calificó como “un exceso” que “condiciona y limita la libertad de expresión” de las candidaturas.

Sin embargo, Otálora Malassis apunta en su proyecto que estas reglas buscan garantizar espacios equitativos y que nary haya exposición mediática que favorezca únicamente a algunas candidaturas, sino que garantiza espacios igualitarios y con las mismas condiciones.

Con más de 50 impugnaciones en contra del acuerdo del INE para garantizar la equidad en la contienda, todas las magistraturas de la Sala Superior analizarán diferentes agravios y pondrán a consideración del pleno sus proyectos con visiones encontradas, y el próximo miércoles, la mayoría determinará cuáles serán las reglas definitivas.

El magistrado Felipe de la Mata tiene a su cargo 28 proyectos, incluido el de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados y Morena; Reyes Rodríguez Mondragón tiene siete incluido el del Senado y la jefa de Gobierno; Mónica Soto seis impugnaciones incluidas las de la ministra Yasmín Esquivel y la gobernadora de Campeche; mientras que Felipe Fuentes Barrera tiene cuatro juicios en su ponencia.

HCM