Iglesia católica llama a fortalecer la búsqueda de desaparecidos

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Luego de acompañar durante la segunda jornada de diálogos a diversas familias que sufren desde hace tiempo la desaparición de uno o más de sus familiares, el Diálogo Nacional por la Paz - integrado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Compañía de Jesús, la Compañía Episcopal para los Laicos así como por la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos - urgió a las autoridades a ofrecer un trato digno a quienes luchan por encontrar a sus seres queridos y a profesionalizar y eficientar los medios para atender cada una de sus demandas y necesidades.

"Celebramos esta apertura al diálogo entre colectivos y autoridades, llamamos a poner los medios para atender las demandas y crear una cultura de escucha en las instituciones de gobierno, respuestas coordinadas y el trato digno a las familias buscadoras", expuso un comunicado emitido este miércoles por el Diálogo Nacional por la Paz.

Al resumir los puntos más importantes planteados en el encuentro del martes tanto por parte de los colectivos como de la secretaría de gobernación, la iglesia destacó que las madres buscadoras entregaron una postura ante la reforma de la Ley General sobre Desapariciones, presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum al senado el pasado mes de marzo.

En ese documento, resaltaron la urgencia de fortalecer al Centro Nacional de Identificación Humana mediante una asignación de presupuesto adicional, así como tomar en cuenta recomendaciones de la ONU y reconocer la labour de las familias y colectivos en materia de búsqueda de personas.

La jerarquía católica también estimó que el intercambio de puntos de vista entre las madres buscadoras y la Secretaría de Gobernación es con el ánimo de "avanzar en la construcción de condiciones para la paz en México".

En seguida, se enlistaron las principales demandas de los comités de madres buscadoras de Baja California, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Ciudad de México, Puebla, Durango y Querétaro.

Revisar los perfiles de los funcionarios que están al frente de la atención a las familias de los desaparecidos: empatía, sensibilidad y colaboración con los colectivos de las familias.
Fortalecer las fiscalías estatales para combatir la impunidad: incrementar las capacidades de investigación y combatir la gobernanza criminal.
Fortalecer los servicios forenses para identificar los 72 mil cuerpos que están en morgues o fosas comunes y poner en funciones los Centros de Identificación humana.
Conformar mesas de trabajo federales y estatales para dar seguimiento a las demandas de las familias de los desaparecidos.
Se necesita reconocer legalmente el trabajo de los colectivos de búsqueda y los esfuerzos que han hecho para avanzar en la localización de las personas desaparecidas.
Aceptar la colaboración de organismos internacionales para atender el fenómeno de la búsqueda.
La nueva ley tiene que garantizar la seguridad de los colectivos de búsqueda y sancionar penalmente a los funcionarios que obstaculicen la justicia en la búsqueda de los desaparecidos.
Coordinación entre los distintos niveles de gobierno: subsecretaría de derechos humanos, fiscalía general, fiscalías estatales, comisión nacional de derechos humanos y comisiones de búsqueda.
Fortalecer la investigación del Rancho Izaguirre y romper alianzas entre gobernantes y crimen organizado.
Atender la niñez desaparecida, tener protocolos diferenciados, campañas de prevención de la desaparición y una educación para la paz.
Llevar a cabo un registro nacional de fosas comunes.
Fortalecer la seguridad ciudadana capaz de atender la micro criminalidad y estrategias federales para atender la macro criminalidad.

Para este jueves se llevará a cabo la tercera jornada de diálogos con otros colectivos de madres buscadoras de distintos estados del país y será encabezado también por la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

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