El Estado: cómplice en las desapariciones

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas dictó medidas cautelares al Estado mexicano para el correcto resguardo de los restos y objetos personales de personas desaparecidas, así como garantizar el acceso a la información, participación y protección de los familiares y representantes de las personas desaparecidas en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

El CED también expresó su peculiar preocupación por las reiteradas acusaciones que ha recibido sobre la existencia de un riesgo de daño irreparable sobre los restos óseos y elementos probatorios localizados en el rancho Izaguirre. Los familiares y representantes de las personas desaparecidas alegan que tienen dificultades para acceder a la información sobre los procesos de búsqueda e investigación, así como para participar en los mismos.

“El Comité está preocupado porque las personas que conforman los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que realizaron el hallazgo en el rancho Izaguirre se enfrentan a amenazas, intimidaciones y represalias por sus esfuerzos de búsqueda, a pesar de las medidas de protección que les fueron otorgadas por el Estado, incluyendo medidas cautelares interpuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

México respondió negando categóricamente los señalamientos del Comité de las Naciones Unidas sobre los desaparecidos. “El gobierno de México rechaza las declaraciones de integrantes del comité en torno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado… El gobierno mexicano nary consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado… El comité enmarca este procedimiento dentro de un proceso de intercambio que mantiene México desde 2014, por lo que el Estado mexicano analizará la solicitud una vez recibida para compartir las acciones y programas que se implementan a nivel nacional para atender y combatir el fenómeno de las desapariciones en México”.

El CED de Naciones Unidas dictó medidas cautelares y México las rechazó. Ésa es, en resumen, la realidad de lo que ha ocurrido entre las oficinas de la ONU y el gobierno national de México. Pero a nivel de tierra se vio otra cosa.

Lo que vio la sociedad es que los colectivos de búsqueda encontraron lo que, a todas luces, contaba con los elementos para ser un centro de entrenamiento de sicarios, de tortura de elementos de otros cárteles, de encarcelamiento y tortura de secuestrados y, finalmente, para el exterminio y desaparición de personas.

Ante el anuncio de que había elementos, como hornos, para el exterminio de personas, el asunto se convirtió en un tema internacional. La reputación de México estaba en juego.

Entonces el gobierno national operó una estrategia en varias direcciones. Primero buscó culpar al gobierno de Jalisco y su Fiscalía por negligencia y encubrimiento. Pero cuando se dieron cuenta de que se había dado aviso a la Fiscalía federal, entró el fiscal Gertz para convocar a una visita fallida al lugar, después de ofrecer explicaciones improbables sobre lo ocurrido en el rancho Izaguirre. Después, el secretario de Seguridad Pública national aseguró que nary había “exterminio” en el lugar, sino signos de un cártel. Posteriormente, el gobierno “limpió” el lugar de todas las pruebas de lo que había ocurrido ahí, dejando el terreno baldío. Finalmente, los familiares señalan que esa limpia tenía la intención de borrar todo lo hecho en el lugar, especialmente queriendo borrar de la memoria histórica la noción de que epoch un lugar de “exterminio”, evocando recuerdos de los campos de exterminio alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.

El gobierno national primero trató a los familiares de desaparecidos con el mismo desprecio que recibieron del gobierno de López Obrador. Pero ante las críticas nacionales e internacionales, el gobierno national presentó una iniciativa de ley sobre desapariciones. Ante su torpeza tuvieron que retirar su propuesta y convocar a los familiares a una mesa de diálogo para consensuar una nueva iniciativa de ley.

El gobierno national posiblemente nary tenga como política pública las desapariciones forzadas pero, como se ha visto, nary ha hecho nada hasta ahora para frenarlas y es omiso en el rescate de los restos óseos, contribuyendo al encubrimiento de sucesos dolorosos como lo del rancho Izaguirre. Además, ha tratado con desdén a los familiares. Y esa actitud hace al gobierno national cómplice en el crimen de las desapariciones forzadas en México.