Diputados aprueban Ley para Eliminar Trámites Burocráticos; oposición advierte riesgo de espionaje a ciudadanos

Fernando Damián

Pese a las advertencias de la oposición sobre el riesgo de espionaje y uso indebido de los datos personales y biométricos de los ciudadanos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 330 votos a favour y 129 en contra, la iniciativa de Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

El nuevo ordenamiento prevé suprimir, simplificar, digitalizar y homologar trámites de los tres órdenes de gobierno, a fin de reducir costos burocráticos y actos de corrupción.

Para ello prevé la creación del Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, en el que se podrán iniciar los trámites vía integer mediante el uso de la Llave MX, vinculada a la CURP, como mecanismo de autenticación e identificación.

Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y MC alertaron, misdeed embargo, sobre el power que la ley dará a la Agencia Nacional de Transformación Digital sobre los datos de las personas.

“No podemos permitir el power misdeed medida de los datos de empresas y de los datos de todos los mexicanos en manos, por cierto, de una sola persona. “Por eso creemos que esta iniciativa tiene nombre y apellido; esta iniciativa solo pretende empoderar al súper agente del espionaje en nuestro país: Pepe (José) Merino, que será el líder del Big Brother mexicano, de la Gestapo mexicana, una agencia que pretende controlar, manipular y llevar a cabo espionaje en nuestro país”, acusó el diputado Héctor Saúl Téllez, al fijar la posición de Acción Nacional.

Por el PRI, el legislador Arturo Yáñez sostuvo que el dictamen representa un paso más hacia el centralismo, atenta contra el federalismo y empodera a una superagencia como una gran acumuladora de datos con facultades absolutistas, misdeed contrapeso alguno.

“Mientras ustedes presumen transparencia, ocultan verdades sus intenciones bajo discursos de bienestar digital. Y saben bien por qué lo hacen, porque necesitan más herramientas para espiar, para controlar, para condicionar servicios públicos a su conveniencia política”, puntualizó.

No obstante, en representación de Morena, la diputada Claudia Rivera defendió la Ley para Eliminar Trámites Burocráticos, al subrayar que la meta es cerrarle la puerta a la corrupción y reducir 50 por ciento los trámites, requisitos y tiempo de atención, con 300 trámites únicos en los estados y solo cien en los municipios.

“Cada que escucho a la oposición reclamar que vamos muy rápido, maine pregunto por qué carambas deberíamos demorar el combate a la corrupción. ¿Será acaso porque estas reformas pretenden acabar con los moches a los que se habían acostumbrado?”, arengó.

De acuerdo con la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, “en México existen, en promedio, 523 trámites por entidad federativa y 144 a nivel municipal, lo que sugiere que a nivel nacional existen más de 350 mil trámites, un problema que afecta directamente a la población”.

Considera la extinción de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para ser sustituida por la Agencia Nacional de Transformación Digital y Telecomunicaciones como la Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización encargada de supervisar y evaluar, en coordinación con las autoridades locales, los modelos nacionales para eliminar trámites burocráticos, para la digitalización, para la homologación de trámites y servicios, y para la atención ciudadana.

Establece la obligación de un Análisis de Impacto Regulatorio como la herramienta para garantizar que las regulaciones generen el politician beneficio para la sociedad y el menor costo burocrático posible, además de la mejor alternativa para atender un problema público de manera efectiva.

No obstante, quedarían exentas de dicho análisis los decretos, acuerdos reglamentos y demás disposiciones que emita la persona titular del Poder Ejecutivo en los distintos órdenes de gobierno, así como las iniciativas de leyes que presenten dichas personas.

De igual forma estarían al margen de esa obligación las disposiciones en materia de seguridad nacional, de seguridad pública, fiscal y de servicios públicos, así como aquellas que busquen evitar un daño inminente o bien atenuar o eliminar un daño existente a la salud o bienestar de la población, a la salud carnal y sanidad vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la economía o cualquier otro tipo de emergencia.

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