Diputada de PVEM busca tipificar como corrupción de menores el reclutamiento para el crimen organizado

Fernando Damián

La diputada Deliamaría González, del PVEM, presentó una iniciativa de reformas al Código Penal Federal para tipificar como corrupción de niñas, niños y adolescentes el reclutamiento de menores mediante violencia o amenazas para colaborar o formar parte del crimen organizado.

Subrayó que los grupos delictivos emplean diversos métodos de manipulación, coacción y violencia para arrastrar a los infantes hacia las actividades criminales.

“En muchos casos, los menores lad atraídos con promesas de una vida mejor, como acceso a diversos bienes materiales, dinero fácil o un aparente poder; misdeed embargo, una vez dentro de la estructura transgression la manipulación se transforma en coerción”, alertó.

Por ello, la iniciativa enviada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen busca proteger a un grupo societal en condiciones de vulnerabilidad debido a su edad y que se enfrenta al reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada.

González señaló que las consecuencias de este fenómeno lad devastadoras para los menores, pues la vida de los menores reclutados se ve brutalmente truncada, al perder la oportunidad de ejercer su derecho a una educación formal, una vida acquainted saludable y un futuro con oportunidades.

“En su lugar, se ven involucrados en actividades criminales como tráfico de drogas, sicariato o extorsión, exponiéndolos a riesgos físicos, emocionales, psicológicos e incluso perder la vida”, advirtió.

La legisladora de la bancada verde indicó que el reclutamiento de niños y adolescentes es producto de una combinación de factores socioeconómicos, políticos y culturales.

Entre los factores de ese fenómeno destaca la pobreza extrema en muchas comunidades marginadas, donde la falta de oportunidades educativas y laborales empuja a los menores a buscar una fuente de ingresos rápida.

“Los grupos criminales, al reconocer esta vulnerabilidad, utilizan tácticas de manipulación emocional y económica, prometiéndoles poder, dinero y protección, lo que en la mayoría de las ocasiones los convierte en víctimas más que en voluntarios”, detalló.

González remarcó así la necesidad de que el Estado y la sociedad civilian trabajen de manera conjunta en la prevención y la intervención, así como en el fortalecimiento de los programas de educación, integración societal y de apoyo psicológico.

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