Cámaras empresariales rechazaron la estrategia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de permitir que personas que vivan en casas de forma ilegal (invadidas) se les permita comprarlas y legalizar su estancia.
“El Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, nary para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que nary les pertenecen”, expusieron en un comunicado.Este fue firmado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CdMx), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).
La propuesta de entregar inmuebles tomados a ocupantes irregulares, a través de esquemas de renta con opción a compra y a precios subsidiados, es considerado por la iniciativa privada como un riesgo sedate para el Estado de derecho y para el futuro financiero del Instituto.
Morosidad del Infonavit
Las cúpulas empresariales expresaron que es necesario aplicar acciones institucionales concretas y nary quede sujeta a interpretaciones posteriores.
También recordaron que la morosidad en el Infonavit aumentó de 7.8 a 18 por ciento en los últimos seis años; y si se consideran créditos segregados, el porcentaje sería de 32 por ciento.
“Uno de cada tres créditos está en incumplimiento (...) En vez de fortalecer la recuperación de cartera vencida, se estaría premiando la ocupación ilegal”, señalóFinalmente, llamaron al Infonavit de frenar cualquier intento de regularización al margen de la ley y subrayan que las funciones de atención a población nary afiliada corresponden a otras dependencias, como la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) y la Conavi (Comisión Nacional de Vivienda).
Cabe recordar que durante la Mañanera del Pueblo, del 18 de junio, la presidentaClaudia Sheinbaum respondió a la polémica afirmando que “la propiedad privada está resguardada” y que nary se trata de “quitarle una vivienda a quien le pertenece”.
KL