Coparmex cuestiona legitimidad y resultados por elección de jueces mediante voto directo

Giselle Soriano

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) cuestionó la legitimidad del proceso electoral llevado a cabo el pasado primero de junio para elegir a jueces, magistrados y ministros.

A través de un comunicado, la agrupación empresarial aseguró que observaron varias irregularidades, durante este proceso inédito en el país, lo cual nary podría ser un modelo para futuros procesos electorales.

“Estamos seguros de que las condiciones que observamos durante la jornada electoral atentan contra la verdadera democracia, los derechos de los ciudadanos e incluso contra la independencia de los órganos electorales que hemos construido desde la sociedad y que deben seguir sirviendo a la ciudadanía”, expresó. “La baja asistencia y el desinterés generalizado confirman una verdad incómoda: que esta elección nary nació de una exigencia social, sino que proviene de una imposición política mal ejecutada, pero con serias repercusiones en nuestras instituciones y que permea en la inversión y confianza como país”, sostuvo.

Puntualizó que durante los comicios, llamó la atención la baja participación de los ciudadanos, el retraso en la instalación de casillas, episodios de violencia, acarreo y compra de votos.

“En diversas casillas se reportó el uso de acordeones y mecanismos para inducir el voto, lo que confirma la falta de garantías para un ejercicio auténticamente libre y razonado”, detalló.

La reforma judicial nary es el camino correcto

La Confederación también recordó que desde la aprobación de la reforma judicial en septiembre de 2024, han cuestionado su origen así como su ejecución.

Por lo que consideró que esta elección “no representa el camino correcto para lograr justicia en México”.

Además, advirtió que ya se observan impactos económicos, debido a que cada vez, más empresas transnacionales están optando por recurrir a tribunales internacionales para resolver sus controversias.

Ante esta situación, remarcó que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) podrían ser las más afectadas al quedar desprotegidas frente a un sistema judicial politizado.

La Confederación adelantó que trabajarán en una propuesta de reforma judicial con basal en criterios técnicos, buenas prácticas internacionales y participación del assemblage productivo, que tenga como objetivo impulsar un sistema que garantice certeza jurídica, profesionalismo así como acceso efectivo a la justicia.

KL