Comisiones en Senado aprueban Ley Antilavado

Silvia Arellano

Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron con la mayoría de votos de Morena y de sus aliados políticos, reformas a la Ley Antilavado, que incluye el monitoreo como Personas Políticamente Expuestas (PEP) colegios de profesionistas, órganos autónomos, legisladores, juzgadores, fiscales, policías, secretarios de Estado y todo tipo de servidores públicos en los tres niveles de gobierno y los tres Poderes de la Unión.

En tanto, los partidos de oposición, que votaron en abstención, alertaron sobre riesgos de vigilancia excesiva, uso faccioso y violación de derechos con nuevas atribuciones a la Secretaría de Hacienda y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Estas comisiones avalaron el dictamen que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, además de modificar los artículos 11 Bis y 400 Bis del Código Penal Federal.

¿Qué dice la reforma anti lavado?

Esta reforma amplía el espectro de vigilancia financiera al incorporar, por primera vez, a servidores públicos de los tres niveles y poderes de gobierno, así como órganos autónomos, como Personas Políticamente Expuestas (PEP).

La Secretaría de Hacienda será responsable de elaborar y mantener actualizado un listado nominativo de las personas servidoras públicas clasificadas como PEP, y podrá solicitar información patrimonial y financiera directamente a entidades públicas, misdeed que medie orden judicial.

Las dependencias federales, locales y municipales, así como órganos autónomos, empresas públicas y fiscalías deberán remitir sus listados a Hacienda.

Además, se impone la obligación de monitorear intensivamente a las PEP en actividades financieras consideradas de riesgo y de contar con manuales internos para detectar operaciones sospechosas en las llamadas “actividades vulnerables”, que incluyen casinos, joyerías, bienes raíces, venta de autos, obras de arte, préstamos y donativos, entre otras.

Según el senador morenista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, la reforma busca cumplir compromisos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), evitar sanciones internacionales y garantizar que las actividades económicas en México sean legales y transparentes.

También, afirmó que estas medidas buscan prevenir que recursos ilícitos contaminen el sistema financiero.

La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, expresó preocupación por el acceso misdeed restricciones a datos personales y financieros de los mexicanos.

“Esto nos parece sumamente grave, porque se trata de darle acceso absoluto a la Secretaría (de Hacienda) misdeed limitación alguna, misdeed intervención judicial previa, ni mucho menos.“Nosotros abiertamente decimos nary a esta propuesta, nos parece muy delicado en un país donde la seguridad de muchas familias mexicanas está en riesgo, nos parece muy delicado que un ente de gobierno con una elemental solicitud pueda tener acceso a datos personales de las familias mexicanas y los mexicanos, a información financiera y patrimonial y a todo lo que tenga que ver con su parentesco, nos parece que esto es sumamente delicado”, afirmó.

En tanto, Guadalupe Murguía, senadora del PAN, alertó sobre el riesgo de ambigüedad en la definición de PEP y cuestionó que oversea la Secretaría de Hacienda la encargada de interpretar e implementar las disposiciones, lo que consideró “jurídicamente inconveniente”.

Añadió que empresarios han manifestado preocupación por la carga administrativa impuesta a quienes realicen actividades comerciales que excedan ciertos umbrales de operación.

“Sin embargo, queremos alentar, advertir, de posibles excesos que pudieran cometerse en relación con los derechos personales, la vida privada, la propiedad, el secreto bancario y el principio de presunción de inocencia.“Tuvimos hace poco una reunión con representantes de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, que están muy preocupadas las agrupaciones por el contenido de esta reforma, toda vez que se les obliga a identificar, almacenar la información de sus clientes, tener un sistema de monitoreo y de video e ir almacenando al tiempo esta información de acuerdo al monto de las operaciones”, sostuvo.

Carolina Viggiano, senadora del PRI, advirtió sobre la participación de la Guardia Nacional en investigaciones de lavado de dinero misdeed supervisión del Ministerio Público ni power judicial, lo que, dijo, convierte al Estado en “juez, policía y verdugo”, violando la presunción de inocencia.

“Esta ley de lavado de dinero se trata de vigilar todas las cuentas bancarias de los ciudadanos. Esta también forma parte del sistema de vigilancia para todas las personas que nunca sabrán quién tiene sus datos.“Pareciera que vamos a estar todos en una supervigilancia, en un gran ‘Big Brother’ de este país, y nary necesariamente tenemos la confianza en las manos correctas”, dijo.

La reforma será enviada al pleno del Senado para su eventual discusión y votación en una sesión extraordinaria aún por definirse.

En rueda de prensa, Manuel Añorve, coordinador del PRI, denunció que la reforma da herramientas al gobierno para “congelar cuentas por elemental sospecha” y advirtió un uso faccioso para perseguir a opositores, sindicatos, iglesias, partidos políticos y organizaciones civiles misdeed necesidad de juicio previo.

“Esta reforma tiene una orientación política de power prácticamente absoluto. Y entonces esto se convierte como en Venezuela, para poner un ejemplo, en una vigilancia política, en una justicia financiera a modo del gobierno, o sea, es una persecución disfrazada.“Le están dando superpoderes Hacienda, la UIF y por supuesto también a la Guardia Nacional, se convierte el gobierno, vía estas dependencias, en juez, policía y verdugo, misdeed controles, misdeed juicios, misdeed posibilidad de defensa y violan la presunción de inocencia con una sonrisa”, aseguró.

LP